Ministerio de Hacienda: Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, por la que se desarrollan las
especificaciones técnicas, funcionales y de contenido referidas en el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre; y en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Uno de los aspectos más destacados del reglamento es la obligatoriedad de que los sistemas de facturación electrónica aseguren la integridad e inalterabilidad de los registros.
Cada registro debe ser protegido mediante un sistema de huellas digitales o “hash”, acompañado de firma electrónica, lo cual garantiza la veracidad y seguridad de la información transmitida.
Además, los sistemas deben estar capacitados para verificar automáticamente la autenticidad de las firmas electrónicas, de modo que cualquier alteración sea rápidamente identificada.
La Agencia Tributaria en España anunció la obligación a pymes y autónomos de facturar en formato electrónico, no obstante, dicha obligación se mantiene congelada a día de hoy. Por tanto, parece que Hacienda ha pausado esta medida porque aún no se ha aprobado el Real Decreto para desarrollar dicho reglamento. La obligatoriedad de presentar, por tanto, las facturas electrónicas se retrasa hasta 2027 para quienes ingresen menos de 8 millones de euros al año.
Normativa
Esta normativa, originada en la Ley Crea y Crece de 2022, busca que todas las empresas y profesionales emitan facturas digitales para facilitar el seguimiento de los pagos y reducir la morosidad.
El proyecto de la factura digital lo lidera el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, aunque es la Agencia Tributaria quien lleva su gestión técnica. Economía sacó a audiencia pública el proyecto en 2023, para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica pero nunca llegó a aprobarse.
Este borrador establecía que las empresas y autónomos con una cifra de negocio superior a los 8 millones de euros anuales tendrían que digitalizar sus facturas al año de la aprobación del Real Decreto, mientras que quienes tuvieran unos ingresos por debajo de ese umbral, debían hacerlo a los dos años. De este modo, por muy rápido que se aprobara un nuevo reglamento, la obligación no entraría en vigor para las empresas y profesionales más pequeños hasta 2027.
Pese a ello, en nuestro país solo el 7% de las pymes cuenta con programas de e-factura, según el informe Facturación electrónica: El camino hacia una economía conectada, de la consultora Sage. Además, al 44% les preocupa el proceso de cambio de sus prácticas cuando la facturación electrónica se convierta en obligatoria.
un estudio basado en datos recopilados de más de 10.000 pymes de todo el continente revela que la adopción de dicho sistema podría generar ingresos de 13.500 euros anuales por empresa. Sólo por el mero hecho de que contribuye a reducir casi a la mitad el tiempo dedicado al procesamiento de facturas, tarea a la que se dedica no poco esfuerzo dentro de los negocios.
El estudio Facturación electrónica: el camino hacia una economía conectada, elaborado por Sage y presentado esta semana junto a CEOE y Analistas Financieros Internacionales (AFI), revela cómo la facturación electrónica puede revolucionar la eficiencia de las pymes, mejorar el flujo de caja de los negocios e impulsar un aumento considerable de su productividad, pues no en vano puede hacerles ganar seis horas semanales respecto a la facturación tradicional
